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Recientemente Nahuel Maciel, columnista de El Argentino de Gualeguaychú, aseguró en tono categórico en su texto "Un aval a la prostitución", que la reunión entre Ariel de la Rosa, Ministro de Salud de Entre Ríos, y AMMAR traerá “nefastas consecuencias”. El periodista se refiere al encuentro del pasado 26 de enero en el que el Ministerio de Salud de la Provincia y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) definieron reforzar conjuntamente las estrategias de prevención y profilaxis con Trabajadoras Sexuales y avanzar en la elaboración de un proyecto encaminada a brindarles un acceso a la salud integral.
¿Desde qué lugar se puede sostener que tratar de garantizarles el derecho a la salud a las mujeres que ofrecen servicios sexuales generará nefastas consecuencias? La consecuencia no es más que una respuesta inclusiva frente a las demandas del Movimiento de Trabajadoras Sexuales argentinas que desde hace más de 20 años reclama el acceso a derechos humanos y laborales, entre ellos, uno fundamental: el derecho a la salud integral y gratuita sin estigma ni discriminación.
Es claro que el columnista hace una lectura de los hechos desde un enfoque moral y no desde una perspectiva de derechos humanos. Dice que la alianza entre el Ministerio de Salud y Ammar impactará negativamente la lucha contra la trata, pero no sustenta su argumento en ningún estudio. A diferencia, en Ammar, la Asociación que reúne las Trabajadoras Sexuales argentinas, sí contamos con investigaciones serias frente al estigma y la discriminación que enfrentamos las Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe en los Servicios de Saludy frente a los impactos de las políticas anti-trata en lo que tiene que ver con la vulneración de nuestros derechos.
Los informes mencionados surgen desde nuestra propia experiencia como Trabajadoras Sexuales y el trabajo de campo cotidiano que hacemos en distintas regiones, una de ellas Entre Ríos. Ejemplos sobran, las compañeras de esa provincia, luego de varios años de incidencia política, lograron en el 2003 derogar los artículos contravencionales que penalizaban el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública.
Ahora, es importante dejar en claro que Trabajo Sexual no es igual a trata de personas y que cuando Maciel se refiere a las Trabajadoras Sexuales aduciendo “que nadie elige libremente” debería fijarse qué pasa en otros mercados laborales. Si se pregunta ¿cuáles son las situaciones de precarización laboral a las que un 30% de trabajadores están expuestos?, podrá ver el contexto desde una perspectiva de clase en la que nadie en el sector obrero elige libremente, pues todos estamos atravesados por diferentes situaciones y somos explotados día a día por el sistema capitalista.
Finalmente, queremos resaltar que la alianza entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos y la filial de Ammar en esa provincia está encaminada a garantizar el derecho a la salud de la Trabajadoras Sexuales, no es otra su pretensión. ¿Por qué no dejamos la paranoia moralista y pensamos desde un enfoque de derechos? ¿Desde qué lugar negamos que 400 trabajadoras sexuales no puedan acceder a una Salud integral? ¿Por qué algunos pretenden que permanezcamos en la clandestinidad y seamos empujadas a mayor exclusión social? Tendrían que dejar de pensar y decidir por nosotras y comprender que las Trabajadoras Sexuales tenemos voz propia.