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6 de diciembre de 2017

AMMAR presentó el primer informe nacional sobre violencia institucional hacia trabajadoras sexuales

En la antesala del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora el próximo 10 de diciembre, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, RedTraSex presentaron el informe nacional “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales en nuestro país”.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) realizó un relevamiento para medir la violencia institucional sufrida por este colectivo en manos de las fuerzas de seguridad.“En los últimos dos años hubo un aumento de la violencia institucional”, dijo en la presentación de los resultados, Georgina Orellano, Secretaria General Ammar Nacional. Estuvo acompañada por otras dos trabajadoras sexuales Sofía Escudero y Sofía Tramayzagues quienes compartieron las principales conclusiones y hablaron sobre la importancia de que la recolección de los datos haya estado a cargo de trabajadoras sexuales.

En particular, quienes ejercen en modalidad calle sufren un constante hostigamiento. Las fuerzas de seguridad sin ninguna razón, en muchas oportunidades, las requisa, les solicita documento nacional de identidad, o les pide que “circulen” y no se queden detenidas en las esquinas. Del total de las trabajadoras sexuales de modalidad calle encuestadas, un 90% admitió haber sufrido algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad durante el último año.

La información que se desprende de este relevamiento es fundamental porque se trata de detenciones o demoras que no quedan registradas en el sistema de administración de justicia. “Detenciones totalmente ilegales”, explicó Orellano. Dar a conocer estos datos permite tener un panorama sobre cómo la violencia estatal se desplega sobre los cuerpos de las trabajadoras sexuales.

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Puntos clave de los resultados de la encuesta:

● El total de trabajadoras sexuales encuestadas fue de 363 de las cuales un 90% fueron trabajadoras de la modalidad “calle”, las restantes se distribuyen entre modalidad departamento privado, bares y boliches. Las encuestas se hicieron principalmente en los barrios de Once, Flores, y Constitución.

● Hostigadas. Casi un 80% del total de las encuestadas dijeron haber sido detenidas/demoradas por las fuerzas de seguridad durante 2016. Este porcentaje representa 276 mujeres, lesbianas, travestis y trans trabajadoras sexuales que sufrieron demoras arbitrarias, de las cuales ninguna tuvo una causa judicial posterior.

● Estar parada en una esquina no es delito. El 46% de las trabajadoras sexuales detenidas sufrió la detención mientras estaba trabajando en la calle, o en la esquina, mientras que un 35% de este grupo fue requisada en el marco de estas demoras, siendo el único causal de la detención el estar “parada en una esquina”. Casi un 80% fueron cuestionadas por las fuerzas de seguridad solo por estar paradas en una esquina.

● La presunción de criminalidad pesa sobre las trabajadoras sexuales: casi un 50% de las demoras fueron por averiguación de antecedentes. Las detenciones en un 50% son de entre 12 y 48 hs. Las demoras complican la cotidianeidad de trabajo y de vida de las mujeres trabajadoras sexuales

● Puta como insulto. Un 60% de las trabajadoras sexuales fueron amenazadas verbalmente por las fuerzas de seguridad al ser interrogadas, el 58% fueron increpadas con la solicitud de sobornos para no ser trasladadas o que se les labre un acta contravencional. Un 73% declaró haber sido tratadas con un lenguaje inapropiado, lo cual implica referencias a su condición laboral o de género a modo de estigma. Y un 70% fueron tratadas de “putas” de modo despectivo, utilizando este término como condición de discriminación.

● Ninguna trabajadora sexual dijo que las fuerzas de seguridad la trató bien. Un 54% dijo que el trato fue malo.

● Violencia institucional, xenofobia y racismo. Las trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41% de las encuestadas, denuncian persecución y acoso con agresiones verbales, xenófobas y racistas por parte de la policía.

● Los procesos de requisa siempre son más violentos con las trabajadoras sexuales trans.

● El 33% de las trabajadoras sexuales encuestadas no supera los estudios primarios, y si a ello le sumamos aquellas que no completaron el secundario estamos hablando de un 60% de la muestra. Este dato determina una mayor situación de vulnerabilidad, vinculado a una mayor exposición a abusos de derechos por parte de las fuerzas públicas.

● Desde AMMAR se crearon dos herramientas para contrarrestar la violencia institucional: la PUTYSEÑAL, un app para el teléfono celular que es abierta al público en general y que prevé desde manuales de procedimiento ante situaciones de acoso y violencia por parte de las fuerzas de seguridad hasta un botón de alerta a un grupo de abogadxs militantes. Y la Línea Roja, una línea telefónica gratuita de denuncia de situaciones de violencia institucional por parte de la policía. Durante el período que va de septiembre de 2015 y a septiembre de 2016 se recibieron 47 denuncias, de las cuales el 81% fue por violencia institucional y el 19% restante, por vulneraciones de derechos en general. A su vez se trabaja en sensibilizaciones a trabajadorxs del sistema de administración de justicia.

Este informe se trata de un trabajo conjunto a nivel regional con la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe que quedó plasmado en el informe nacional “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales en nuestro país”.

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