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4 de agosto de 2014

Trabajo sexual: “entre la moral y el derecho”

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina –AMMAR-, que integra la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el programa ONUSIDA organizaron el 25 del pasado mes el Tercer Foro Provincial “Trabajo Sexual + Salud=Derechos”, en el Aula Magna Salvador Allende de la Universidad Nacional de Neuquén.

Libre y gratuito, contó con la colaboración de ONUSIDA, CTA, y la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA).

La temática que atravesó el encuentro fue la situación de vulnerabilidad por la que están pasando las personas que eligen ser trabajadoras sexuales. Según explicó Georgina Orellano, secretaria general nacional de AMMAR, “no está penalizado el trabajo sexual pero sí los lugares donde se puede llevar a cabo. ¿No es contradictorio?”.

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Esto se relaciona con un tema muy controvertido socialmente, con el cual deben luchar quienes deciden trabajar con su cuerpo. ¿Es lo mismo la trata de personas con fines de explotación sexual que ejercer por elección el trabajo sexual? Claramente no lo es, pero las medidas tomadas por el gobierno para combatir la trata atentan contra la libertad de las que deciden ejercer esa actividad.

Por la amenaza policial de cierre de ámbitos donde desarrollan sus tareas, quedan libradas al poder de los uniformados, quienes, como se ha podido demostrar y así lo relatan las trabajadoras, son parte del engranaje de violencia, explotación, discriminación y demás vejaciones.

Respecto a esto Orellano relató que “frente a la ausencia del Estado los policías se manejan con total impunidad. Por ejemplo y es sólo uno de tantos casos, a una compañera un policía le pidió favores sexuales para él y sus acompañantes, a cambio de no realizar el allanamiento”.

Y expresó que están siendo parte de lo que denominó “la caja chica de la policía”. Por caso, que son obligadas a pagarles para que no realicen el allanamiento. “La peor violencia que sufrimos es la institucional”, afirmó.

Luis Giannini, secretario general de la CTA Río Negro, habló en el debate. “Si bien en el 2009 se logró cambiar del código contravencional la figura de escándalo público, basado en un concepto discriminatorio que sólo buscaba maltratar, siguió estando la detención por averiguación de antecedentes, dejando librada la libertad de ejercer el trabajo a la subjetividad del policía a cargo, quien en la mayoría de los casos actuaba de forma discriminatoria”, afirmó el dirigente.

A partir de esta base legal, y de la situación concreta de las trabajadoras sexuales, el secretario se preguntó “hasta dónde cabe la posibilidad de debatir desde la diversidad si entran en juego prejuicios o convicciones ideológicas. Debe haber un límite entre la moral y el derecho. El Estado más allá de cualquier consideración moral debería considerarlo como lo que es, un trabajo. De esta manera las está dejando indefensas”.

Mientras, Alberto Stella, representando a ONUSIDA, planteó la cuestión de los derechos humanos. Explicó de tal forma que “en 1948 tuvo lugar la Declaración de los Derechos Humanos. Se expresa allí que todos los seres humanos nacen libres e iguales en cuestión de derechos. Sin embargo, como podemos verlo, en relación a la sexualidad eso nunca ocurrió”.

Dijo que “la primera revolución se dio en los años ’60 con la aparición de los anticonceptivos, que permitió separar lo reproductivo del placer como ejercicio del derecho. Salieron a prohibirlo por pecado. La segunda revolución sexual fue en los ’80 de la mano de los homosexuales. Demostraron que la sexualidad se puede manifestar de muchas formas, no solo la inculcada heterosexualidad. Esto permitió despatologizar procesos. De esta manera son los movimientos sexuales los que obligan a la ciencia a rever sus patrones y logran sacar en 1973 a la homosexualidad como enfermedad psiquiátrica.”

Para Stella, la criminalización del trabajo sexual “no tiene fundamento en el nivel del derecho, y lo único que genera es su vulnerabilización”.

En este sentido Gianini consideró que “es necesario un cambio cultural, ya que si bien las leyes han mejorado un poquito la situación, están más adelante de lo que la gente piensa. Por ejemplo te dejan casarte si sos homosexual pero si vas de la mano por la calle debes soportar la mirada de la gente.”
Ley de trabajo sexual autónomo

Frente a esta situación, las trabajadoras nucleadas en AMMAR elaboraron un proyecto de Ley de Trabajo Sexual Autónomo. Su objetivo principal es dotar a quienes ejercen el trabajo sexual, de una herramienta que garantice el libre ejercicio de la actividad dentro del territorio argentino.

Esta ley reafirma el carácter laboral de la actividad ejercida por personas mayores de edad que en ejercicio de su libre voluntad ofrecen, intercambian o comercializan servicios sexuales, a cambio de un pago para beneficio propio.

Contiene además artículos que permiten separar claramente esta actividad laboral, de aquellas ilícitas como la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad y la de mayores de edad ejercidas por proxenetas.

Se busca con la ley terminar con la discriminación y estigmatización de quienes ejercen el trabajo sexual, reforzándose el reconocimiento de sus derechos, disponiéndose a su vez cargas y obligaciones como el pago de impuestos y contribuciones a los organismos respectivos, al igual que el resto de la población trabajadora.

La norma prevé además un fuerte componente vinculado a la educación procurando la capacitación en materia de derechos y sanitaria de quienes pretenden ejercer el trabajo sexual, en el entendimiento de que la instrucción y el conocimiento de derechos son la base para una real igualdad de oportunidades.

Medio 8300 web: http://www.8300.com.ar/2014/08/01/trabajo-sexual-entre-la-moral-y-el-derecho/

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