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5 de septiembre de 2016

Trabajadoras Sexuales mendocinas se manifestaron frente a la Legislatura

AMMAR filial Mendoza, protestó frente a la Legislatura de la Provincia para pedir que el Estado les reconozca derechos a quienes ejercen el Trabajo Sexual. Al finalizar la actividad, las meretrices entregaron un petitorio para pedir audiencia con legisladores/as.

Trabajadoras Sexuales mendocinas afiliadas a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) se manifestaron en contra de las políticas que criminalizan el ejercicio del Trabajo Sexual en la vía pública y puertas adentro en Mendoza. También contra la normativa que desde fines del año pasado penaliza a los clientes en la capital. Según las integrantes de Ammar, estas medidas hacen que la policía las hostigue y las persiga permanentemente. Por estas razones piden ser escuchadas por los legisladores.

“No pueden seguir vulnerando nuestros derechos. No hay ninguna ley en Argentina que diga que nuestro trabajo es ilegal, sin embargo, está criminalizado por casi todos los Códigos de faltas y de Convivencia. Estas normas aumentan el poder de policía y la violencia institucional hacia nuestro sector. Queremos trabajar tranquilas pero constantemente aprueban políticas que en vez de garantizar nuestros derechos nos persiguen y nos obligan a trabajar en la clandestinidad”, dijo Fátima Olivares, Secretaria General de Ammar Mendoza.

En Mendoza los artículos 54, 55 y 56 del Código de Faltas contemplan multa hasta por 1.500.000 pesos y arresto de 10 a 30 días para las Trabajadoras Sexuales que ejercen en la vía pública. Están prohibidos los cabarets, las whiskerías, los albergues transitorios restringen el ingreso de Trabajadoras Sexuales y los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas son allanados por los operadores estatales de las dependencias antitrata.

Además, desde el 16 de diciembre de 2015, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mendoza capital empezó a cobrar multas hasta de $2.700 por la demanda de servicios sexuales en la calle. La medida se soporta en los artículos 41 y 42 del Código de Convivencia de la Ciudad, aprobado a fines de 2014 por el Concejo Deliberante. En estos artículos se prohíbe la oferta y la negociación de servicios sexuales en el espacio público y se contempla la aplicación de sanciones por su incumplimiento.

“Nosotras somos el sustento de nuestros hogares y no vamos a dejar de trabajar. Sancionar a nuestros clientes viola nuestro derecho al trabajo y nos empuja a mayor clandestinidad. Por políticas prohibicionistas como esas ha aumentado el hostigamiento por parte de la policía. Queremos que el Estado esté presente a través de derechos y garantías. Basta de perseguirnos”, agregó Fátima.

En el 2014, Ammar Mendoza presentó en la Legislatura junto a la Diputada Lorena Saponara un proyecto de ley para regular el Trabajo Sexual Autónomo. El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Social pero no ha sido debatido. La filial sigue trabajando en incidencia política para lograr que los legisladores mendocinos faciliten la discusión de una Ley que regule la actividad y proteja su ejercicio.

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