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12 de agosto de 2014

Sobre el nuevo proyecto de ley que propone prohibir toda forma de oferta sexual en volantes, redes sociales y páginas de internet.

El proyecto se presenta con la intención de luchar contra la trata y la explotación sexual, sin embargo, al prohibir los mensajes que promuevan la “oferta sexual” va mucho más allá. Oferta sexual no es necesariamente trata ni explotación, entonces, si se nos prohíbe publicitar nuestros servicios...

¿Cómo vamos a hacer las trabajadoras sexuales para seguir sosteniendo nuestras fuentes laborales?
Medidas como la que debatimos atentan claramente contra derechos consagrados en la propia constitución Nacional y en tratados internacionales con diversa jerarquía que conforman el plexo normativo nacional, y representan una clara marcha atrás por atacar directamente derechos humanos de quienes ejercemos el trabajo sexual.

Leyes que se llevaron adelante, como por ejemplo el decreto No936/2011, cometieron el error de confundir la trata de personas con el trabajo sexual ejercido de manera autónoma por personas mayores de edad. Como resultado de la misma, nos vimos empujadas a una mayor precarización de nuestra fuente de trabajo y a una mayor clandestinización. A partir de entonces tuvimos que publicar nuestros servicios en otras secciones de los clasificados y de formas más sutiles (que algunos llaman “de manera engañosa”) con costos que se triplicaron.

Prohibiéndonos la posibilidad de publicitar la oferta de los servicios que brindamos, se vulneró directamente nuestro derecho al trabajo, a la vez que se nos brindó un trato discriminatorio frente al resto de la población trabajadora, criminalizándose injustificadamente una actividad absolutamente lícita.

La publicación de un aviso no constituye delito y en forma alguna habilita al Estado a invadir la esfera de intimidad de las personas consagradas en el artículo 19 de la Carta Magna: Así lo han entendido numerosos tribunales a lo largo y ancho de nuestro país, resaltándose en particular la jurisprudencia emanada de la Cámara Nacional Criminal y Correccional en sus distintas salas.

Así, si lo que se busca es prevenir la trata de personas, y se elige tomar medidas sobre la publicación de avisos como una de las herramientas para combatirla, no es la prohibición lisa y llana de todo aviso referido al comercio de servicios sexuales lo que acabará con este delito.

El proyecto pretende contribuir también a la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. La negación de la identidad autopercibida y construida por quienes nos reivindicamos trabajadoras sexuales es una fragante discriminación y violencia contra nosotras. Asociar toda oferta sexual a la explotación, la trata y la violencia, victimiza y estigmatiza a las mujeres que hemos hecho del trabajo sexual parte de nuestro proyecto laboral.
Dicha estigmatización es también una forma de discriminación y violencia contra nosotras.

Es hora de terminar con la discriminación a quienes ejercemos el trabajo sexual.
Es hora de sincerarnos, si en 18 provincias y la CABA se penaliza la oferta callejera de servicios sexuales a través de códigos contravencionales, si en 7 provincias prohíben la facilitación de algo denominado “actos de prostitución” (independientemente de que exista o no explotación), si el decreto 936 prohíbe la oferta de servicios sexuales en medios de comunicación y si ahora un nuevo proyecto de ley propone prohibir toda forma de oferta de servicios sexuales en volantes, redes sociales y páginas de internet...

Las trabajadoras sexuales nos preguntamos:

¿Dónde nos quieren? ¿Cuál sería el espacio para que nosotras podamos seguir existiendo?

Avanzan las prohibiciones y restricciones, pero no avanza la reivindicación y el respeto por nuestras decisiones y nuestros derechos.

¿Por qué no hay voluntad política para trabajar en la regularización de nuestra actividad, en el reconocimiento de nuestros derechos? ¿Por qué no hay voluntad política de diálogo ni de planear estrategias conjuntas, respetando nuestras voces?

No a la prohibición de toda forma de oferta de servicios sexuales en volantes, redes sociales y páginas de internet.

No a la criminalización del trabajo sexual.

No a la estigmatización y discriminación de las trabajadoras sexuales

¡Por una ley que reconozca el Trabajo Sexual Autónomo!

Secretaría General

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