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Las Trabajadoras Sexuales nucleadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) estamos en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. En esta perspectiva, hace un año presentamos en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la legisladora María Rachid, un proyecto de ley para habilitar establecimientos que brinden servicios sexuales en la Ciudad y de esta forma controlar que quienes ejercen son Trabajadoras Sexuales Autónomas y no están siendo explotadas o tratadas.
Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, declaró: “El proyecto de ley que presentamos el 23 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires brindaría protección frente a la vulneración de derechos que sufren las compañeras que trabajan en departamentos privados porque les permitiría funcionar de forma independiente o cooperativizada. Buscamos que las Trabajadoras Sexuales tengan un marco regulatorio y que las agencias estatales de control puedan ingresar para verificar que no hay casos de trata ni de explotación sexual sino trabajadoras que buscan una regulación de sus derechos” y agregó, “Como trabajadoras organizadas hemos intentado vincularnos a los espacios gubernamentales y sociales para llevar nuestras voces pero no hemos obtenido respuesta, igualmente seguimos aportando esfuerzos desde nuestra organización para que las políticas anti-trata diferencien trata de trabajo sexual y no nos empujen a mayor clandestinidad”.
El proyecto de Ley, que sigue sin debatirse, propone el acceso a derechos laborales por parte de las Trabajadoras Sexuales. Representa una oportunidad para acabar con la criminalización del Trabajo Sexual y plantea legalizar la actividad para terminar con los allanamientos compulsivos en departamentos de Trabajadoras Sexuales Autónomas realizados por la confusión que existe en las Agencias Gubernamentales de Rescate entre el delito de trata y una actividad lícita como el Trabajo Sexual.
“Presentamos este proyecto porque queremos garantizar los derechos laborales de las Trabajadoras Sexuales como los de cualquier trabajador. Debemos hacer que el Estado intervenga, para así contribuir con la erradicación de la trata y la explotación sexual”. Y añadió: “La persecución que existe alrededor de las Trabajadoras Sexuales genera la criminalización de las mismas e impide que se las reconozca. Hay una gran confusión entre lo que es trata, explotación y trabajo sexual, y es importante diferenciarlo. El trabajo sexual no es un delito en Argentina y es importante regularlo para no contribuir a la trata. Nuestro país ha firmado tratados internacionales para no criminalizar a las trabajadoras sexuales y aun así lo hace, por eso queremos contribuir con este proyecto”, dijo María Rachid, legisladora porteña por el Frente para la Victoria.
En el 2004, nuestra compañera Sandra Cabrera, dirigente de Ammar Rosario, fue víctima de femicidio tras denunciar la existencia de redes de Trata de personas y Narcotráfico que operaban en connivencia con los poderes provinciales. Después de 11 años su asesinato continúa impune debido a la complicidad policial, política y judicial. Desde Ammar consideramos que sin esta articulación delictiva no habría trata de personas.
Desde AMMAR denunciamos que las políticas antitrata no establezcan una diferencia entre trata de personas y trabajo sexual, alimentando el vacío legal que precariza el ejercicio del trabajo sexual autónomo. Ante esta situación resulta difícil ofrecer servicios sexuales de manera autónoma, ya que quienes lo hacemos también estamos expuestas a allanamientos y procesos de investigación encaminados a detectar casos por este delito, ubicándonos a las trabajadoras sexuales autónomas como víctimas de trata. Al no establecer la diferencia se termina criminalizando y vulnerando el trabajo sexual ejercido de forma voluntaria.