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Por: Georgina Orellano*
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) nació en 1995 como consecuencia de la criminalización del trabajo sexual en espacios públicos en Capital Federal, una filial de Buenos Aires. Las trabajadoras sexuales nos organizamos para luchar por nuestros derechos después de haber sido expuestas a todo tipo de abusos, tal como la exclusión, discriminación y ser tratadas como marginadas. Meses después, nos unimos a la Central de Trabajadores de Argentina, donde seguimos participando activamente hasta el día de hoy, y a finales de 1997 empezamos a formar parte de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (RedTraSex).
Se dice que Argentina oficialmente adoptó una postura abolicionista, lo cual implica que en principio no criminaliza el ejercicio de la prostitución en sí, pero si a las terceras partes que explotan la prostitución de otros. Los prostíbulos fueron prohibidos en 1936 por la Ley 12.331 y la legislación que la siguió ha criminalizado a aquellas que ejercen el trabajo sexual en la calle y en espacios privados en 19 provincias. Esto demuestra los límites estrechos entre los modelos abolicionistas y prohibicionistas.
En Argentina el trabajo sexual se ejerce en departamentos privados, bares, boliches y en la vía pública de manera autónoma y bajo relación de dependencia. En algunos casos, experimentamos explotación laboral – lo mismo puede ser dicho por muchos otros trabajadores - y por falta de regulación de la actividad estamos expuestas a persecución y abuso policial. Para luchar por nuestros derechos, nuestra organización ha adoptado una serie de estrategias que incluyen una propuesta de ley; trabajar en la construcción de alianzas políticas; ofrecer cotidianamente asesoría legal y en temas de salud y entregar condones. También, difundimos nuestras iniciativas, como protestas públicas o debates, a través de nuestras propias redes sociales y medios públicos. Una de las iniciativas más recientes ha sido la creación del Observatorio de Violencia Institucional hacia el Trabajo Sexual y el lanzamiento de una línea telefónica a través de la cual las trabajadoras sexuales pueden denunciar violencia institucional.
AMMAR atmbién funciona como un sindicato, aunque no puede ser tal legalemente, dada la falta de regulación del trabajo sexual. Esta forma de organización nos permite a nosotras y a nuestras 6000 afiliadas, enfatizar el hecho de que somos trabajadoras. También nos ha dado una estructura presente en siete provincias, donde nuestras representantes son elegidas por sus compañeras. Para hacer este trabajo, recibimos ayuda de diversas agencias internacionales, incluyendo el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, el Fondo Paraguas Rojo, la Fundación Friedrich Ebert, ONU Sida y la Fundación Levi Strauss.
Peleando la tendencia regresiva
Es importante destacar que desde el 2011, se ha instalado un fuerte lobby anti-trata en Argentina, junto con leyes que no diferenciaban entre trata de personas, explotación laboral y trabajo sexual. Estas políticas apuntaban a combatir el mercado sexual y nosotras, las “mujeres vulneradas”, no sabíamos cómo movernos frente al monstruo que venía a apropiarse de nuestras voces y a ocupar espacios políticos pensando por nosotras. El 5 de julio de 2011 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 936 que prohibía la publicación de servicios sexuales en los anuncios clasificados de periódicos.
Con el trazo de su birome, restringió la libertad de expresión de miles de nosotras en plena democracia. Nunca fuimos invitadas a discutir esta legislación. Luego, los lugares para ejercer el trabajo sexual fueron cerrados, provincia por provincia, a través de acciones llevadas adelante por las legisladoras y organizaciones abolicionistas que lideraban el combate contra la trata. En 2012, otra política diseñada para controlar la trata de personas requirió que todos las ciudadanas/os provenientes de República Dominicana debían presentar visa para tener permiso legal de entrar al país.
Los teléfonos de AMMAR no paraban de sonar pero no era la prensa la que quería saber nuestra opinión ante las nuevas políticas, sino que eran nuestras compañeras. Nos dimos cuenta de que estábamos lidiando con una decisión política firme, y empezamos a trabajar organizando a nuestras colegas. Gracias a estas políticas, ahora hay muchas más trabajadoras sexuales organizadas en Argentina. Qué paradoja: fuimos prohibidas de ejercer el trabajo sexual pero salimos organizadas como trabajadoras sexuales.
Nuevas leyes, nuevas alianzas, nuevas tácticas
Sabiendo que teníamos cada vez menos lugares para trabajar amenazadas por cierres y medidas legales, aceleramos el proceso para presentar nuestra propuesta de ley. Terminamos en octubre de 2013. Se basa en la premisa de que el Estado argentino no considera el trabajo sexual como una actividad ilegal. Siguiendo esto, propone regular el trabajo sexual en el país, dándoles a las trabajadoras sexuales mayores de edad, incluyendo a las trans y trabajadoras migrantes, derechos laborales como el acceso a aportes jubilatorios y obra social. También contempla una forma de habilitar los espacios para el ejercicio del trabajo sexual que cumplan con una supervisión de requerimientos de seguridad e higiene.
En un comienzo presentamos la propuesta de ley solas, ninguna organización ni sindicato apoyó nuestras demandas. Por el contrario, era tan fuerte la campaña anti-prostitución que compañeras/os que vieron nacer nuestra organización, empezaron a cuestionar nuestros reclamos. Ahí buscamos nuevos rumbos y nos topamos con un feminismo tan aguerrido que salimos espantadas creyendo que tampoco nos apoyaba y que quería decidir sobre nuestros cuerpos.
Durante años nos alejamos de esos espacios. Pero en 2013, mientras los allanamientos, clausuras y la propaganda anti trabajo sexual seguían sin ser debatidos, dos antropólogas tímidamente aparecieron en nuestra organización con una propuesta. Querían ayudarnos a documentar el atropello institucional que padecíamos. Al principio dudamos, pero accedimos y no erramos: nos acercaron a espacios que habíamos abandonado, nos mostraron otro feminismo, uno que nos apoyaba.
Propusimos nuevas alianzas. Ganamos el apoyo de la comunidad L.G.B.T, entre ellos muchas trabajadoras sexuales trans. Los siguió un grupo Queer, apoyándonos como representantes de otra minoría perseguida por nuestra sexualidad, a la vez que los sindicatos que nos reconocieron como trabajadoras, algunos de los cuales son miembros de la Central de Trabajadores de Argentina. Junto con estas organizaciones, desarrollamos campañas por nuestros derechos laborales en espacios públicos, a menudo recibiendo reacciones que se sentían como cachetadas.
No nos dimos por vencidas y decidimos realizar otro tipo de acción: hacer facturas por nuestros servicios, como si el trabajo sexual fuese una actividad legal. La factura es el símbolo del trabajo formal-legal en nuestro país y por eso llevamos a cabo una campaña el 1 de mayo de 2015 - Día Internacional del Trabajo- facturando nuestros servicios sexuales a reconocidos políticos y periodistas. Queríamos demostrar que acceder a derechos era posible sin cambiar toda la ley, solo necesitábamos incluir la categoría Trabajo Sexual en el monotributo.
Los resultados fueron mejores de lo que podríamos haber esperado: los políticos que no nos habían escuchado nos recibieron y los medios cubrieron nuestras demandas por derechos laborales como un tema relevante. La campaña de facturas recibió el premio EIKON de comunicaciones entregado por la Revista Imagen (una revista de relaciones públicas y comunicación).
Todavía no hemos triunfado en que el trabajo sexual se incluya en el monotributo, pero sin saber cuál será el contexto político desde las elecciones del 2015 seguimos peleando. También planeamos la presentación de un nuevo “Proyecto de Ley” nacional para regular el trabajo sexual autónomo y combatir las nuevas políticas locales, como las multas a clientes de servicios sexuales en la capital de la provincia de Mendoza. Ha habido muchas reacciones negativas a nuestro activismo pero no nos hemos quedado quietas y en realidad fuimos fortalecidas. Y aquí estamos, muchas más voces demandando el acceso a derechos laborales.
*Georgina Orellano es la Secretaria General de AMMAR, la organización de trabajadoras sexuales de Argentina, y una trabajadora sexual. Forma parte de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina y es una activista por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Traducción al inglés: Julieta Mendive
Fuente: Open Democracy
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/georgina-orellano/creative-protests-of-sex-workers-in-argentina