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La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), estará presente en el XXX Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrollará del 10 al 12 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. Bajo el lema “El encuentro somos todas”, planteará la discusión sobre la legalización del Trabajo Sexual en el país y la vulneración de derechos hacia Trabajadoras Sexuales por los impactos de las políticas anti-trata y la vigencia de Códigos Contravencionales en 19 provincias, que habilitan a la policía llevar presas a Trabajadoras Sexuales que ejercen en la vía pública.
En Mar del Plata, la municipalidad prohibió durante 2011, a través de la ordenanza 19.789, la habilitación de whiskerias, cabarets y departamentos que funcionan como privados. Además, cobra multas entre 1.500 y 10.000 pesos por publicitar servicios sexuales en la vía pública y en páginas web y no ha esclarecido los femicidios de 16 Trabajadoras Sexuales que quedaron impunes, atribuidos entre los años 1996 y 2000 al “loco de la ruta”.
“Las Trabajadoras Sexuales estamos en contra de la trata pero cuestionamos la aplicación de las políticas que buscan combatir este delito porque en la práctica terminan criminalizando nuestro Trabajo. En Mar del Plata, es muy difícil ejercer el Trabajo Sexual, los departamentos de muchas compañeras son allanados, se les llevan todos los muebles, les cortan los servicios. Tampoco pueden publicitar sus servicios a través de volantes o en la vía pública porque les cobran multas”, expresó Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional. Y agregó: “Regular el Trabajo Sexual Autónomo y crear un registro único de las mujeres mayores de 18 años que decidimos ejercerlo nos garantizaría derechos y acabaría la persecución y la violencia institucional a la que estamos sometidas constantemente las Trabajadoras Sexuales”.
El XXX Encuentro Nacional de Mujeres reunirá alrededor de 60.000 personas en Mar del Plata. Del 10 al 12 de octubre, organizaciones y grupos feministas de todo el país analizarán distintos temas alusivos al género. Uno de ellos es la prostitución, el cual divide posturas entre quienes lo consideran un Trabajo y piden acceso a derechos laborales por parte de las mujeres, mujeres trans y hombres mayores de 18 años que lo ejercen, y quienes no lo consideran de esta forma y piden abolirlo.
“La discusión que existe en la actualidad sobre si el Trabajo Sexual es o no trabajo invisibiliza las problemáticas a las que nos enfrentamos las Trabajadoras Sexuales diariamente. Argentina dice ser un país abolicionista que persigue a los explotadores y a los tratantes y no a las mujeres que ejercemos el Trabajo Sexual pero continúan vigentes artículos contravencionales que nos llevan presas y las políticas antitrata cierran nuestras fuentes de Trabajo. En este contexto que criminaliza los espacios donde ejercemos, pedimos que el Estado nos garantice derechos y que no nos siga persiguiendo”, destacó la secretaria general de AMMAR.
En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, sin embargo, en los lugares donde se ejerce es penalizado. En 19 provincias continúan vigentes artículos contravencionales que llevan presas hasta por 30 días a las Trabajadoras Sexuales que ejercen en la vía pública. En distintos municipios están prohibidos los cabarets y las whiskerías, y los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas son allanados por los operadores estatales de las dependencias antitrata.
En este contexto, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) reclama por la derogación de artículos contravencionales vigentes que penalizan el ejercicio del Trabajo Sexual en la vía pública y por una regulación que garantice los derechos laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una Ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.
Justamente, para generar datos estadísticos y empíricos sobre la violencia hacia Trabajadoras Sexuales por parte de la policía y las agencias que ejecutan las políticas antitrata, Ammar lanzó la línea telefónica gratuita 0810-999-0763 donde Trabajadoras/es Sexuales de todo el país pueden denunciar casos de violencia institucional. Con la información recibida, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales busca contribuir a la generación de políticas públicas encaminadas a garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la labor.