5 de enero de 2015

“Cuando la policía nos agarra no nos pregunta si nos definimos como trabajadoras sexuales o somos abolicionistas”

En diciembre del 2012 fueron iniciadas, en el marco del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, mesas de diálogo cuyo objetivo fue el diseño de políticas públicas sobre prostitución para exigir al Estado, que pudieran unificar a los distintos sectores, más allá de las diferencias en torno al estatus legal de la prostitución. A casi dos años, algunas de las protagonistas hacen un balance de lo logrado.

Por Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- “Cuando la policía nos agarra no nos pregunta si nos definimos como trabajadoras sexuales o somos abolicionistas”. La frase podría resumir el espíritu de las Mesas de Diálogo, una propuesta que desde fines del 2012 viene llevando a cabo el Programa de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD) como una forma de intervención que permita reclamar al Estado políticas para aquellos colectivos que sufren la vulneración de sus derechos en la ciudad de Buenos Aires. Conversar, escucharse y negociar en pos de sortear desencuentros y construir acuerdos en conjunto.

“La Mesa de Diálogo comenzó a trabajar sobre la problemática de las mujeres y trans trabajadoras sexuales y mujeres y trans en situación de prostitución. Ellas se acercaron al Programa de Género con el fin de buscar respuestas a la persecución y abuso policial, registros policiales y médico-sanitarios. Es decir, a la criminalización directa o indirecta de la que son víctimas”, explica la Coordinadora del Equipo de Género del MPD, Josefina Fernández.

Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR), comparte un balance de la experiencia: “En un principio surgía mucho la discusión sobre si la prostitución es o no un trabajo. Pero después entendimos que claramente nos une lo mismo: porque hay un no acceso a la vivienda y a la salud integral, y la violencia institucional nos atraviesa a partir de las identidades que fuimos construyendo con la organización. Entonces, empezamos a pensar en las problemáticas que nos unen y en qué podemos hacer por nuestras compañeras, dejando de lado un debate que igualmente no se va a saldar”.

Respuestas que reúnen porque son necesarias en el “ahora mismo” y dejan en pausa otras que dispersan luchas y debilitan fuerzas.

Género, diversidad y derechos

En línea con la dinámica del consenso, a fines de agosto el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, se sentó a la Mesa con representantes de AMMAR, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTA) y de la Fundación Diversidad Divino Tesoro. La academia dijo presente a través del Instituto Gino Germani y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y por primera vez se sumaron también las compañeras de la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA).

“Este año incorporamos a organizaciones migrantes porque pensamos que si bien la Ley de Migraciones reglamentada por nuestra Presidenta es vanguardia en la región y en el mundo, todavía es necesario bregar por su cumplimiento. Una ley no garantiza el acceso al derecho que ella consagra. Las mujeres y personas trans migrantes se encuentran en una situación de desigualdad que es mayor, no solo con respecto a las nativas sino también con relación a los varones migrantes. Necesitamos conocer sus problemas y acompañar el proceso de resolución. Ya sabemos a esta altura que no es lo mismo ser mujer en un cuerpo blanco, heterosexual y de clase media que ser mujer en un cuerpo negro, víctima de la injusticia económica y con una identidad no heterosexual”, dice Fernández y marca la cancha.

Las distintas Mesas dejaron en evidencia una importante falta de información. En ese marco, entre los productos que resultaron de la iniciativa se destaca una encuesta sobre la situación habitacional de mujeres y personas trans trabajadoras sexuales y en situación de prostitución. También, la elaboración de un recursero que detalla todos los planes, programas y proyectos que existen en la CABA y en Nación en materia de educación, salud, empleo, violencia de género y medio ambiente; bajo la idea de que más información es más ciudadanía.

Trascender diferencias para visualizar horizontes de acuerdos y garantizar derechos. Esa es la cuestión.

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