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Gael se encuentra en lista de adoptabilidad y fue entregado a una familia solidaria. Desde el Servicio de Protección y el Juzgado de Familia a cargo de Marta Nieto que lleva el caso no le dan ninguna información y nunca le asignaron un régimen de visitas. “Me dijeron que no me lo devolvían porque era prostituta”, dijo Brenda Sequeira.
Para recuperarlo se hizo monotributista, empezó a trabajar en una pesquera en Comodoro y se cambió de casa, pero ninguna de estas acciones tuvo efecto. En el tiempo que lleva el proceso legal nunca le mostraron evidencias de las condiciones en que se encuentra su hijo, las dos veces que lo vió ella lo buscó personalmente.
“Me trataron de sucia, de drogadicta, de puta. Me exigían ir cada semana a controles: toxicológicos, de HIV, entre otros y tenía que llevar los resultados al Servicio de Protección. Ellos tenían de 30 a 90 días para resolver la situación de mi hijo y mira la fecha que estamos. Yo amo a mi hijo y no estoy dispuesta a darlo ni a regalarlo”, dijo Brenda.
La Asociación de Mujerse Meretrices de la Argentina Ammar acompaña desde hace algunos meses el proceso judicial y se presentó como “amigo del tribunal” en la causa por la recuperación de la tenencia del hijo de Brenda. Según datos de la Organización, de las denuncias recibidas a través de la Línea Roja por violencia institucional hacia trabajadoras sexuales durante 2015 y 2016 el 20% fue por casos de discriminación o por batallas legales por la tenencia de los hijos.
“No hay ningún artículo que diga “usted por ser puta no tiene derecho a nada”. Voy a seguir luchando para que sepan que una prostituta tiene vida, puede ser madre, puede capacitarse. Que tienen que cortar con los prejuicios y todos los tabúes”, agregó Brenda.
Según Amnistía Internacional, las Trabajadoras Sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo y están en constante riesgo de sufrir discriminación, violencia, detenciones arbitrarias y abuso. Así lo concluyó en el 2015 después de realizar cuatro informes de investigación sobre violaciones de derechos humanos que sufren trabajadoras y trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papua Nueva Guinea.