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3 de agosto de 2011

“Cacería de Brujas” parte II

Después de haber sido fuertemente afectadas por el decreto 936, que prohibió la publicación de nuestros servicios en los medios gráficos, las trabajadoras sexuales seguimos siendo atacadas como si se tratara de una “cacería de brujas”. Ahora se criminaliza el trabajo sexual, a partir de una operación político- mediática para desprestigiar a un Juez de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011- La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina pone de manifiesto su preocupación en torno al rumbo que ha tomado la discusión sobre la ampliación de denuncia que la Asociación La Alameda presentó recientemente en la justicia. Se trata de una causa promovida en diciembre de 2009 sobre una presunta red de “prostitución”. En la actualidad la causa se está investigando y aún no se ha comprobado que haya delito de proxenetismo en los establecimientos denunciados. Mas allá de que la causa aún no esté resuelta, nos preocupa la deliberada forma en la que se está desviando el tema en los medios de prensa.

La discusión se está centrando en si las mujeres ejercían o no el trabajo sexual, y sí el juez Zaffaroni, uno de los dueños de los departamentos denunciados, lo sabía o no. En todo caso, lo que la justicia deberá demostrar, es si las mujeres eran explotadas por un tercero. En la República Argentina, el ejercicio de la prostitución no se encuentra prohibido, aunque tampoco está regulado. Sí se constituye como un delito la explotación por parte de un tercero (proxenetismo).

Técnicamente, hasta ahora no habría un delito en el caso de los departamentos del Magistrado, aunque gran cantidad de medios de comunicación se esmeren en presentar el ejercicio del trabajo sexual por si mismo como uno. Y esto nos preocupa. Nos preocupa porque la ética y la moral de algunos sectores no son vinculantes en nuestro sistema de justicia.

Nos gustaría que se pudiera pensar porqué razón la organización “La Alameda” presenta en la denuncia notas periodísticas que carecen de valor probatorio dónde se asegura entre otras cosas que “las prostitutas” se promocionan de otra forma a pesar de la prohibición del rubro de servicios sexuales “sus volanteros” reparten anuncios de “caramelitos y masajes 24 horas en la zona y en los mismos departamentos”. Todo indicaría que la organización está denunciando el ejercicio del trabajo sexual, o la contratación por nuestra parte de volanteros, lo cual no constituye de modo alguno un delito. Y desde ese garrafal error conceptual de una ignorancia jurídica sin explicación, es que parte la confusión a la que asistimos hoy en prácticamente todos los medios de comunicación. Criminalizar el trabajo sexual es una violación de los más fundamentales derechos contenidos en nuestra constitución nacional y tratados internacionales con rango constitucional de todas las personas adultas que por opción optamos por ésta actividad para llevar el pan a nuestras mesas.

AMMAR defiende el derecho de las trabajadoras sexuales al libre ejercicio de su actividad, y no a un Juez en particular. Exigimos que se haga justicia al verdadero debate que subyace y no al debate que poderes particulares quieren hacer del tema.

El Juez Zaffaroni pidió el desalojo de las compañeras trabajadoras sexuales alegando que los términos del contrato no estipulaban que el inmueble se utilice con fines comerciales. Es entonces una excelente oportunidad para reflexionar, sobre la urgente necesidad de regular el trabajo sexual, para que podamos cumplir con todas las obligaciones que tenemos que tener como trabajadoras autónomas, pero también gozar de los beneficios del derecho laboral.

Celebramos que se haya abierto la puerta para este debate pero no somos inocentes. Sabemos que no es solo ignorancia lo que lleva a muchos periodistas a desviar la discusión a cuestiones de orden moral. El Juez Zaffaroni representa para gran parte del poder político y de la iglesia (dueños de muchos medios de comunicación del país), un peligro por sus posicionamientos acerca de temas tales como la baja de la ley de imputabilidad, la pena de muerte, el aborto, la despenalización de la marihuana, y sobre todo el traspaso y la compra de papel prensa. Por ello, el tema toma tal estado público.

Con todo esto, llamamos a todas las personas y a la prensa en particular, a reflexionar profundamente sobre estos temas y generar debates genuinos. Trabajo Sexual no es igual a Trata de Personas. La trata de personas con fines de explotación sexual y el proxenetismo son delito. El trabajo sexual es una fuente legítima de vida para muchas mujeres de nuestro país. Y es obligación de todos y de todas reconocerlo.

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