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A un año de presentar el proyecto de Ley para regular el Trabajo Sexual Autónomo en la provincia de Mendoza, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), reabrió la discusión sobre el reconocimiento del Trabajo Sexual y las condiciones actuales para su ejercicio. Fue durante la Mesa de Incidencia Política “Hacia el reconocimiento del Trabajo Sexual” que se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 10:00 hs en la sede de la CTA.
La actividad contó con la participación de Trabajadoras Sexuales, políticos, líderes de distintas organizaciones y representantes de instituciones gubernamentales. Acompañaron como panelistas Diputada provincial por el Frente para la Victoria; Fátima Olivares, Secretaria General de Ammar Mendoza y Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional.
“En Mendoza continúan vigentes artículos contravencionales que habilitan a la policía llevar presas a las Trabajadoras Sexuales hasta 30 días. Cada día es más difícil para nosotras ejercer en la vía pública y también en espacios privados. Los cierres indiscriminados de los lugares han dejado a muchas chicas sin trabajo y las han obligado a migrar hacia otras provincias o países. El Estado nos tiene en total abandono, si regulara nuestro trabajo tendríamos derechos y no viviríamos persecución constante”, dijo Fátima Olivares, Secretaria general Ammar Mendoza.
Por su parte, la Secretaria General de Ammar Nacional, Georgina Orellano expresó: “Hace un año presentamos junto a Lorena Saponara un proyecto para regular nuestro trabajo en la provincia pero no ha trascendido. A la par, cada vez es más complejo el contexto en el que nuestras compañeras trabajan tanto en la vía pública como en espacios privados. Es constante la Violencia Institucional por vigencia de códigos contravencionales que multan y llevan presas a las compañeras y por los cierres de nuestras fuentes de trabajo. La vulneración cotidiana a nuestros derechos debería ser argumento suficiente para abrir el debate y girar la mirada hacia la garantía de derechos y condiciones dignas”.
En el 2014 Ammar Mendoza presentó en la Legislatura junto a la Diputada Lorena Saponara un proyecto de ley para regular el Trabajo Sexual. El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Social pero no ha sido debatido. La filial sigue trabajando en incidencia política para lograr que los legisladores mendocinos den la discusión y a la par viene estableciendo alianzas y articulaciones con distintas entidades, ministerios, organizaciones sociales y sindicatos.
“Hace un año presentamos el proyecto de Ley para garantizar derechos laborales a las Trabajadoras Sexuales. Más allá del debate ético y moral que permea siempre esta temática presentamos la Ley para que las trabajadoras Sexuales puedan tener una vida digna”, dijo Lorena Saponara, Diputada provincial por el Frente para la Victoria.
En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, sin embargo, en los lugares donde se ejerce es penalizado. En Mendoza los artículos 54, 55 y 56 del Código de Faltas contemplan multa hasta por 1.500.000 pesos y arresto de 10 a 30 días para las Trabajadoras Sexuales que ejercen en la vía pública. En otras 18 provincias se presenta la misma situación. Además, en distintos municipios están prohibidos los cabarets y las whiskerías, y los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas son allanados por los operadores estatales de las dependencias antitrata.
En este contexto, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) reclama por la derogación de artículos contravencionales vigentes que penalizan el ejercicio del Trabajo Sexual en la vía pública y por una regulación que garantice los derechos laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una Ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.
Para generar datos estadísticos y empíricos sobre la violencia hacia Trabajadoras Sexuales por parte de la policía y las agencias que ejecutan las políticas antitrata, Ammar lanzó la línea telefónica gratuita 0810-999-0763 donde Trabajadoras/es Sexuales de todo el país pueden denunciar casos de Violencia Institucional. Con la información recibida, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales busca contribuir a la generación de políticas públicas encaminadas a garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la labor.
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