Trabajadoras Sexuales se manifestaron frente el Juzgado Federal de Mendoza.
15 de marzo de 2016

“Federal miente, no hay trata. Meretrices por elección”

Trabajadoras Sexuales colombianas protestaron frente al Juzgado Federal de Mendoza. El pasado jueves, la Policía Federal allanó el lugar donde ejercían el Trabajo Sexual y fueron contabilizadas como víctimas de trata. “Federal miente, no hay trata. Meretrices por elección” y “Basta, no somos víctimas” decían las pancartas que ubicaron frente a la sede judicial.

Referentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Ammar, acompañaron la protesta de Trabajadoras Sexuales colombianas frente al Juzgado Federal de Mendoza. El pasado jueves, la Policía Federal allanó el lugar donde ejercían el Trabajo Sexual y detuvieron a una mujer de 66 años. Las ocho meretrices, que según el operativo fueron “liberadas”, se manifestaron frente al Juzgado para decir que no son víctimas y ejercen por voluntad. “Federal miente, no hay trata. Meretrices por elección” y “Basta, no somos víctimas”, decían las pancartas.

Al respecto, Fátima Olivares, Secretaria General de Ammar Mendoza, dijo: “Una vez más queda demostrado que la confusión entre trata y Trabajo Sexual vulnera nuestros derechos. Las compañeras ejercían por voluntad y fueron contabilizadas como víctimas de trata. Las Trabajadoras Sexuales no tenemos un marco legal que nos ampare en estos casos porque nuestra actividad no está regulada, no tenemos derechos laborales ni un espacio de denuncia en estas situaciones. Están acabando con nuestras fuentes de trabajo, cada vez estamos más precarizadas y lo que pedimos es poder trabajar tranquilas”.

Durante la manifestación las Trabajadoras Sexuales denunciaron que aunque en Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, todos los lugares donde se puede ejercer están penalizados y esto vulnera sus derechos. En el caso de Mendoza, los artículos 54, 54 Bis, 55, 55 Bis y 56 del Código de Faltas que rige desde 1965 en la Provincia, contemplan la clausura de lugares donde se presten servicios sexuales “de forma notoria” y multas hasta por 1.500.000 pesos y arresto de 10 a 30 días para las Trabajadoras Sexuales que ofrezcan sus servicios en la vía pública.

Además, en Mendoza capital están prohibidos los cabarets y las whiskerías y desde diciembre de 2015 se empezaron a cobrar multas a clientes de servicios sexuales en la calle. A esto se suma un proyecto de Ley presentado a principio de este año para extender la prohibición de cabarets y whiskerías a toda la provincia.

“Estamos enfrentadas a una política prohibicionista del Trabajo Sexual. En Argentina nuestra labor no es ilegal pero todos los lugares para ofrecer nuestros servicios están criminalizados. Ya no nos quedan espacios de trabajo y cada día nos empujan a mayor clandestinidad. Necesitamos que el Estado y la sociedad dejen de vernos como víctimas y nos reconozcan como mujeres que decidimos ejercer el Trabajo Sexual. ¿Por qué tenemos que ser tratados como víctimas si somos meretrices por elección? Necesitamos ejercer en un marco de derechos pero nos encontramos con medidas que aumentan la Violencia Institucional hacia nuestro sector”.

Desde el año 2014, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Ammar intenta abrir el debate legislativo por la regulación del Trabajo Sexual Autónomo en Mendoza. Con el respaldo de Lorena Saponara, diputada MC del Frente para la Victoria, presentó a la Legislatura provincial un proyecto de Ley con este propósito pero no ha sido debatido, se encuentra encajonado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Social.

La propuesta de ley propone crear un registro único de Trabajadoras/es Sexuales que dependa del Ministerio de Trabajo, de forma tal que la entidad pueda controlar el ejercicio voluntario de la actividad. Además, contempla la habilitación de cooperativas de Trabajadoras Sexuales autónomas y la creación de la categoría Trabajo Sexual en el Monotributo para habilitar el acceso a obra social, aportes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros derechos. De igual forma, propone reinserción laboral para las personas que quieran dejar de ejercer este trabajo.

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